"E-Libro Ediciones" La Editorial del Vichada. Filosofía, Literatura, Psicología, Ciencias.. - Parte II-

Contra el monopolio de la cultura: Vichada y el derecho de todos a nombrar el mundo

Ensayo sobre diversidad cultural, poder simbólico y justicia educativa en el territorio vichadense, construido desde la problemática del monopolio cultural y situado en la pluralidad histórica, indígena, llanera y pedagógica del Vichada.

En los territorios donde conviven muchas culturas, el problema nunca ha sido la falta de riqueza simbólica, sino la arrogancia de quien pretende administrarla desde afuera. Ese es, justamente, uno de los grandes dramas del Vichada. Allí no existe un vacío cultural que deba ser llenado por una supuesta civilización superior, urbana, letrada y centralista. Lo que existe es una extraordinaria abundancia de memorias, lenguas, músicas, rituales, saberes de la tierra, formas de crianza, concepciones del tiempo y maneras de habitar el mundo. Sin embargo, sobre esa abundancia se ha instalado, durante siglos, una operación silenciosa y persistente: el monopolio de la cultura. No se trata solamente de la dominación política o económica. Se trata de algo más fino y, por eso mismo, más profundo: la capacidad de decidir qué prácticas merecen el nombre de cultura, cuáles deben ser toleradas como folclor y cuáles son despreciadas como atraso. Ese monopolio no siempre llega con fusiles ni decretos; muchas veces entra por la escuela, por el púlpito, por la oficina pública, por el formulario, por el lenguaje técnico, por el experto que interpreta el territorio sin haber aprendido a escucharlo.

Pensar el monopolio de la cultura en el Vichada exige, antes que nada, desmontar una vieja mentira colombiana: la de que la periferia es carencia y el centro es plenitud. En realidad, el centro suele ser una maquinaria de clasificación que confunde su propio espejo con la totalidad del país. Vichada, por el contrario, es una región donde la diversidad no es un adorno constitucional, sino una experiencia cotidiana. Distintas fuentes oficiales han señalado que más de la mitad de la población del departamento se autorreconoce como parte de un grupo étnico y que la presencia indígena es determinante en la composición social del territorio. También se ha registrado la existencia de varios pueblos indígenas plenamente identificados en el departamento, entre ellos los curripaco, piapoco, piaroa, puinave, sáliba, sikuani, cubeo, piratapuyo y amorúa. Esa realidad no es un dato de color para discursos institucionales; es el núcleo mismo del problema. Cuando un territorio está hecho de muchas matrices culturales, imponer una sola vara para medir la inteligencia, la legitimidad del conocimiento o la dignidad de las formas de vida deja de ser un error abstracto y se convierte en violencia concreta.

El monopolio de la cultura funciona como un privilegio de definición. Quien monopoliza la cultura no necesita prohibir todas las demás expresiones; le basta con nombrarlas desde arriba. Puede llamar “artesanía” a una cosmovisión, “costumbre” a una ética, “mito” a una memoria histórica, “dialecto” a una lengua, “creencia” a una forma compleja de conocimiento ecológico. Esa reducción semántica es una forma de expropiación. Al rebajar el espesor de la vida cultural ajena, el poder central preserva para sí el título de universalidad. Lo que viene de Bogotá, de la academia tradicional o de la burocracia nacional aparece como conocimiento serio; lo que nace en el territorio aparece como particular, anecdótico o pintoresco. El resultado es perverso: las culturas del Vichada son invitadas a desfilar, pero no a definir; a decorar, pero no a orientar; a ser exhibidas, pero no obedecidas. Son aceptadas como diferencia estética, pero no como autoridad intelectual.

Ese mecanismo tiene una larga historia. La presencia colonial y misionera en la zona del alto Orinoco y en las orillas del Meta no fue solamente un episodio religioso o militar; fue, sobre todo, un laboratorio de reorganización cultural. Las misiones no buscaban únicamente convertir almas, sino disciplinar el espacio, traducir lo diverso a categorías manejables, fijar poblaciones, redibujar las formas legítimas de autoridad y reemplazar memorias territoriales por relatos sagrados impuestos. El dato histórico de las misiones y asentamientos tempranos cerca de lo que hoy es Puerto Carreño revela precisamente eso: la colonización no empezó con una simple ocupación física, sino con una disputa por el derecho a nombrar la realidad. A partir de allí, muchas relaciones institucionales con el Vichada repitieron la misma lógica con ropajes modernos. El misionero fue sustituido a veces por el funcionario, otras por el técnico, otras por el planificador, otras por el docente que llega creyendo que enseñar significa reemplazar la voz local por un libreto nacional.

La escuela, en este punto, ha jugado un papel decisivo y ambiguo. Puede ser una herramienta de emancipación o un dispositivo de sustitución cultural. Todo depende de la pregunta que la organiza. Si la escuela entra al Vichada con la convicción de que los niños deben abandonar el mundo de sus mayores para acceder a la cultura verdadera, entonces educa para la vergüenza. Les enseña a sospechar de la lengua de sus abuelos, a sentir que la oralidad vale menos que la escritura, a creer que la sabana y el río no enseñan nada importante, a imaginar que pensar bien consiste en parecerse al centro. En cambio, si la escuela reconoce que llega a un territorio ya poblado de inteligencia, entonces su tarea cambia por completo. Ya no se trata de sustituir, sino de poner en conversación; no de borrar, sino de ampliar; no de domesticar la diferencia, sino de hacerla políticamente visible y epistemológicamente fecunda. La tragedia es que durante mucho tiempo el sistema escolar colombiano ha estado más cerca de la primera versión que de la segunda.

Detrás de esa tragedia hay una idea estrecha de lectura y, por extensión, de cultura. Se ha difundido la noción de que sólo lee quien descifra textos impresos, cita autores legitimados y domina los códigos de la lengua escolar. Pero en Vichada también se leen los vientos, los ciclos del agua, la respiración del monte, la conducta de los animales, los ritmos de la pesca, las señales del cielo, las variaciones de la tierra y las formas del silencio colectivo. Quien conoce el territorio no es un ignorante a la espera del libro salvador; es un lector de otro archivo. Y ese archivo no es menor. La cultura escrita tiene un valor inmenso y el libro sigue siendo una herramienta extraordinaria de expansión humana; el problema aparece cuando se transforma en aduana del prestigio y en criterio único de legitimidad. Entonces no se defiende la lectura: se defiende una jerarquía. En ese momento, el lector deja de ser un puente y se convierte en portero.

La diversidad cultural del Vichada obliga a ampliar la idea misma de inteligencia. El pueblo sikuani, por ejemplo, cuya presencia demográfica es central en el departamento, no aporta solo una identidad étnica al mapa colombiano; aporta una relación con el territorio, con la memoria y con las estrategias de pervivencia que no caben en los moldes escolares convencionales. De manera similar, otros pueblos del departamento sostienen conocimientos complejos sobre movilidad, alimentación, parentesco, espiritualidad, salud, intercambio y regulación comunitaria. Reducir todo eso a “tradición” en el sentido decorativo del término equivale a negarse a pensar. Y, sin embargo, esa negación ocurre a diario. Ocurre cuando el Estado consulta de manera formal pero decide de manera unilateral. Ocurre cuando la política cultural celebra la diversidad en los festivales, pero la excluye de los currículos, de los presupuestos sostenidos y de las definiciones de desarrollo. Ocurre cuando se acepta la fotografía del indígena o del llanero, pero no la capacidad de ambos para discutir el sentido del futuro.

También la cultura llanera del Vichada ha padecido formas de simplificación. Los cantos de trabajo del llano, reconocidos internacionalmente y vinculados de manera explícita a la región llanera donde se incluye el Vichada, muestran que la cultura popular no es entretenimiento superficial, sino una tecnología de la memoria y del trabajo. Esos cantos no nacieron como espectáculo de tarima, sino como parte de una economía, de una sensibilidad y de un modo de convivencia con los animales, el paisaje y los ritmos de la faena. Cuando esa manifestación se vacía de su contexto y se conserva sólo como estampa sonora, también opera el monopolio de la cultura. Se toma una expresión viva, se la exhibe, se la premia incluso, pero se le arranca la complejidad social que la produce. El folclor, en ese caso, se vuelve una vitrina donde la cultura dominada aparece a condición de no incomodar demasiado. Se le permite sonar, pero no interpelar.

Aquí aparece una distinción fundamental. Una cosa es reconocer la diversidad; otra muy distinta es redistribuir poder cultural. El Estado colombiano, la academia y ciertos sectores de la opinión pública suelen quedarse en el primer gesto. Hablan de multiculturalidad, de pluralidad, de patrimonio, de enfoque diferencial. Pero muchas veces lo hacen sin tocar el corazón del problema: quién decide qué cuenta como conocimiento válido, qué lenguajes merecen financiamiento, qué voces redactan los programas, qué formas de memoria entran al archivo, qué historias aparecen en los textos escolares, qué estéticas reciben legitimidad y cuáles quedan atrapadas en la categoría de “lo local”. El monopolio de la cultura no se rompe con discursos amables sobre la diversidad. Se rompe cuando los pueblos y comunidades dejan de ser objeto de representación y pasan a ser sujetos de definición.

En Vichada, esa cuestión es especialmente sensible porque el territorio no sólo es diverso; también ha sido objeto de miradas extractivas. A veces se lo piensa como reserva ambiental, otras como frontera, otras como promesa agroindustrial, otras como espacio de intervención humanitaria, otras como zona de orden público, otras como pasillo geopolítico. Cada una de esas miradas tiene efectos administrativos y económicos, pero también culturales. Todas tienden a producir un Vichada hablado por otros. De esa manera, el territorio aparece descrito con abundancia y escuchado con escasez. Se acumulan diagnósticos sobre sus carencias, pero pocas veces se parte de sus gramáticas internas de sentido. El resultado es que incluso los proyectos bien intencionados corren el riesgo de reforzar la subordinación simbólica. Llegan a “ayudar”, pero no a aprender; llegan a “fortalecer capacidades”, como si la capacidad no existiera antes de la intervención; llegan a “llevar cultura”, como si no estuvieran entrando en una de las regiones más densamente culturales del país.

Ese error tiene consecuencias pedagógicas enormes. Un niño del Vichada puede crecer rodeado de una sabiduría territorial refinadísima y, aun así, ser tratado en la escuela como alguien culturalmente deficitario. Puede venir de una comunidad con memoria oral vigorosa y ser evaluado como si sólo tuviera valor lo que cabe en el examen escrito estandarizado. Puede conocer los nombres del agua, de las plantas, de los peces, de las rutas y de los ciclos, pero ser reducido por el aula a la categoría de “rezago”. En ese punto, la escuela deja de ser un lugar de ampliación de horizontes y se convierte en una fábrica de inferioridad. Lo más grave es que ese proceso suele presentarse como neutral, técnico o pedagógico. No se dice: “vamos a imponer una cultura”. Se dice: “vamos a mejorar la calidad”. Pero si la calidad significa uniformidad, entonces lo que mejora es la eficacia del borrado.

Frente a esto, la respuesta no puede ser un romanticismo fácil que oponga libro y territorio, ciencia y tradición, escuela y comunidad. Esa salida sería pobre e injusta. El desafío no consiste en rechazar la cultura escrita ni en encerrarse en una idea congelada de lo propio. El desafío es más ambicioso: construir una ecología del saber en la que la lectura del libro dialogue con la lectura del río, la teoría con la experiencia, la memoria comunitaria con la investigación rigurosa, la lengua nacional con las lenguas del territorio, la escuela con los mayores, la biblioteca con la oralidad, la universidad con el conuco, la cartografía oficial con la cartografía afectiva. Lo contrario del monopolio no es el aislamiento; es la reciprocidad. Una cultura democrática no es aquella donde todos piensan igual, sino aquella donde ninguna forma legítima de pensamiento necesita humillar a las demás para existir.

Por eso la discusión sobre el monopolio de la cultura en Vichada es, en el fondo, una discusión sobre justicia. No basta con tolerar la diferencia; hay que reparar la desigualdad histórica entre las formas de producir sentido. Eso implica, por ejemplo, que los proyectos educativos del departamento dejen de considerar el contexto como simple “pertinencia” decorativa y lo conviertan en principio estructural del currículo. Implica que las políticas públicas culturales no se limiten a programar eventos, sino que fortalezcan procesos comunitarios, circulación de saberes, archivos orales, producción escrita propia, formación de mediadores interculturales y creación de materiales bilingües o multilingües cuando corresponda. Implica, además, que los docentes lleguen al territorio menos como emisarios de una verdad ya terminada y más como trabajadores del diálogo. Un maestro que no aprende del lugar donde enseña corre el riesgo de hablar mucho y comprender poco.

La justicia cultural también requiere una crítica frontal a la superioridad automática de la ciudad sobre el campo y de la escritura sobre la oralidad. Esa superioridad no resiste un examen serio. La oralidad no es una forma primitiva de conocimiento, sino una tecnología compleja de transmisión, selección y actualización de la memoria. Del mismo modo, el campo no es el pasado de la nación, sino una de sus formas activas de inteligencia. Vichada no necesita ser salvado de su diversidad; necesita ser protegido del desprecio hacia ella. Cuando una sociedad trata las culturas territoriales como reservas pintorescas, prepara las condiciones para su silenciamiento. En cambio, cuando acepta que allí también se elaboran filosofías prácticas, criterios éticos, pedagogías del cuidado y nociones sofisticadas de comunidad, entonces empieza a desmontar la estructura íntima del monopolio.

Hay, además, una dimensión política que no debe pasarse por alto. El monopolio de la cultura se sostiene porque produce obediencia. Quien logra convencer a una comunidad de que su mundo vale menos, obtiene una ventaja duradera. No tendrá que prohibir cada gesto; le bastará con instalar la vergüenza y el deseo de parecerse al dominador. En muchas regiones del país, esa operación ha sido devastadora. En Vichada aún está en disputa. Todavía sobreviven, se recrean y resisten múltiples formas de nombrar la vida. Esa supervivencia no debe leerse como una simple persistencia pasiva, sino como un acto político de primera magnitud. Cada lengua que sigue viva, cada canto que mantiene su sentido, cada memoria de origen transmitida, cada práctica de cuidado del territorio, cada pedagogía comunitaria que se niega a desaparecer, constituye una derrota parcial del monopolio cultural. Y cada vez que la escuela, la institucionalidad o la producción intelectual del país reconocen esas formas no como adorno sino como interlocución, el horizonte democrático se ensancha.

Tal vez el problema de fondo sea que la cultura hegemónica confunde centralidad con universalidad. Cree que por tener imprentas, editoriales, universidades prestigiosas y medios de difusión masiva posee automáticamente un derecho natural a definir el sentido del país. Pero una nación no se entiende desde un solo balcón. Colombia no cabe en la biblioteca del centro si esa biblioteca no aprende a abrir sus ventanas al Orinoco, al Meta, al Vichada, al Vita, al Tomo y a los mundos humanos que han crecido a su lado. El verdadero empobrecimiento no está en quien no domina el canon nacional, sino en el canon que todavía no sabe escuchar a territorios como el Vichada sin reducirlos a nota al pie. La pregunta urgente no es si el Vichada participa de la cultura nacional. La pregunta urgente es si la cultura nacional está dispuesta, al fin, a dejar de comportarse como monopolio y a reconocerse como una conversación inacabada entre mundos que tienen igual derecho a existir, a pensar y a orientar el porvenir.

En ese sentido, defender la pluralidad cultural del Vichada no es un gesto regionalista ni una cortesía multicultural. Es una forma de defender la inteligencia de Colombia contra sus propias cegueras. Allí donde coexisten pueblos indígenas, memorias misioneras, prácticas fronterizas, experiencias migratorias, cultura llanera, saber campesino y búsquedas educativas contemporáneas, el país tiene una oportunidad única para aprender que la cultura no es una escalera donde unos están arriba y otros abajo. Es un campo de relaciones donde el problema ético no es la diferencia, sino la dominación. Por eso el Vichada no debería ser pensado como periferia pedagógica de la nación, sino como uno de sus grandes laboratorios de futuro. Allí se juega una lección decisiva: una sociedad sólo se vuelve verdaderamente culta cuando renuncia al privilegio de decidir, en solitario, qué cuenta como cultura.

Si algún horizonte merece ser defendido, entonces, no es el de una integración que diluya las diferencias, sino el de una convivencia que redistribuya la autoridad simbólica. Que el libro siga teniendo su lugar, pero no como cetro. Que la escuela siga abriendo mundos, pero sin clausurar los que ya existen. Que la política cultural deje de administrar vitrinas y empiece a devolver palabra. Que el país comprenda, de una vez, que nadie posee el monopolio de la sensibilidad, de la inteligencia ni de la memoria. Y que en el Vichada, con su diversidad irreductible y su dignidad histórica, hay una verdad que Colombia necesita escuchar con urgencia: no hay cultura superior cuando una sola cultura pretende hablar por todas.

Otro aspecto decisivo del monopolio cultural en Vichada es la cuestión de la lengua. Allí, como en muchos territorios plurales, la lengua dominante no sólo organiza la comunicación: organiza la jerarquía. Quien domina el castellano escolar y administrativo suele aparecer como más capaz, más confiable, más civilizado, más apto para representar a los demás. En cambio, quien piensa desde una lengua indígena, o desde una relación bilingüe o fronteriza con el mundo, debe traducirse permanentemente para ser considerado legítimo. Esa obligación de traducirse no es inocente. Traducir no siempre significa comunicar; a veces significa perder densidad. Muchos conceptos ligados al territorio, a lo sagrado, a la reciprocidad, al parentesco o a la relación entre comunidad y naturaleza no pasan intactos por la malla de la lengua oficial. En esa fricción se juega una forma de desigualdad pocas veces reconocida: la desigualdad de las palabras disponibles para existir públicamente. Cuando una cultura sólo puede entrar en la escena nacional despojada de sus matices, entonces no está siendo escuchada; está siendo simplificada.

La condición fronteriza del Vichada profundiza todavía más esta complejidad. No se trata de un departamento encerrado en sí mismo, sino de un espacio atravesado por movilidades, contactos y continuidades históricas con Venezuela y con el conjunto de la Orinoquia. Las identidades allí no se dejan reducir fácilmente a las cuadrículas administrativas del Estado. Hay parentescos, prácticas de intercambio, trayectorias humanas y circuitos simbólicos que desbordan la frontera nacional. En lugar de asumir esa condición como una riqueza relacional, muchas instituciones la miran con sospecha o la administran desde la lógica del control. Así, el monopolio de la cultura se combina con el monopolio de la identidad legítima: se espera que las personas encajen en categorías simples, cuando en realidad su experiencia vital es mestiza, binacional, plurilingüe y móvil. El problema no es sólo que el centro ignore la complejidad del Vichada; es que esa ignorancia luego se convierte en norma para evaluar al propio territorio.

Por eso resulta tan insuficiente la mirada turística o exotizante. Hay una forma de aparente valoración que en realidad reproduce el desprecio: celebrar la diferencia siempre que permanezca quieta, fotogénica y dócil. Bajo esa lógica, el Vichada gusta como paisaje, como color local, como danza eventual, como pieza etnográfica, como relato de aventura, pero incomoda cuando exige participación real en la definición de la nación. La cultura monopolizada acepta con facilidad la imagen de la diversidad; lo que rechaza es su consecuencia política. Puede aplaudir un festival indígena o una muestra de música llanera, pero se resiste cuando esa misma diversidad cuestiona el currículo, el modelo de desarrollo, la relación con la tierra, la administración del presupuesto o el modo en que se construye la verdad pública. La diferencia, entonces, se vuelve tolerable sólo en condición de ornamento. Y un ornamento, por brillante que parezca, sigue colgado del poder de otro.

Romper esa estructura exige también una ética distinta de la investigación y de la escritura. Durante demasiado tiempo, muchos estudios sobre regiones como Vichada han sido producidos desde una posición extractiva: llegar, observar, clasificar, publicar y marcharse. El territorio queda convertido en objeto de conocimiento ajeno, mientras sus propios productores de saber apenas aparecen como informantes. Esa asimetría reproduce en la academia la misma lógica que la economía reproduce en la tierra: extraer valor sin redistribuir autoridad. Una investigación verdaderamente democrática tendría que comenzar por reconocer que las comunidades no sólo aportan datos, sino categorías; no sólo entregan testimonios, sino interpretaciones; no sólo describen el mundo, sino que piensan el mundo. En otras palabras, la justicia cultural no pasa únicamente por representar mejor al Vichada, sino por aceptar que desde el Vichada también se puede teorizar sobre Colombia, sobre la escuela, sobre la convivencia y sobre la vida buena.

Fuentes de apoyo

• Ministerio de Salud y Protección Social, “Contexto migratorio Vichada 2024”, con datos del CNPV 2018: reporta que el 59% de la población del departamento se autorreconoce en un grupo étnico, que 58,16% corresponde a población indígena y que en Vichada habitan nueve pueblos indígenas plenamente identificados.

• DANE, informe sociodemográfico del pueblo Sikuani (2023): registra que este pueblo se concentra principalmente en Vichada.

• Cancillería de Colombia / UNESCO, nota sobre los Cantos de Trabajo de Llano: ubica esta manifestación en los Llanos Orientales, incluyendo a Vichada, y explica su vínculo con las faenas ganaderas y su proceso de debilitamiento cultural.

• Alcaldía de Puerto Carreño, reseña histórica municipal: documenta la temprana presencia misionera y los asentamientos coloniales en el alto Orinoco y la desembocadura del Meta.

• Centro Nacional de Memoria Histórica, materiales pedagógicos interculturales sobre el pueblo Sikuani: subraya la relación entre memoria, territorio, enseñanza y estrategias de pervivencia.